AVVAPRO reclama diálogo y seguridad jurídica ante el nuevo Real Decreto-ley de vivienda

Real Decreto-ley 26/2026 BOE

El debate sobre el acceso a la vivienda ocupa un lugar central en la agenda social y política de nuestro país. Desde AVVAPRO compartimos plenamente la preocupación por esta situación y por las dificultades que atraviesan numerosas familias. Sin embargo, consideramos que la respuesta debe partir de un análisis riguroso de las causas del problema y de medidas que contribuyan efectivamente a ampliar la oferta residencial.

En este contexto, el nuevo Real Decreto-ley 26/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado, introduce disposiciones que afectan a las viviendas de uso turístico y a los operadores que desarrollan su actividad en este ámbito.

## Nuevas obligaciones y consecuencias para el sector

Entre las principales cuestiones que afectan a nuestra actividad se encuentran:

- Fiscalidad: la modificación del régimen del IVA, que establece el tipo del 10% para determinados arrendamientos de corta duración a partir del 1 de diciembre de 2026.

- IBI: la posibilidad de que los ayuntamientos establezcan recargos sobre determinados inmuebles de uso turístico, dentro del marco legal aplicable.

- Ventanilla Única Digital: nuevas previsiones de control y sanción para los incumplimientos de las obligaciones de información de las plataformas digitales de alquiler de corta duración.

Son medidas que tienen consecuencias económicas, operativas y administrativas y que requieren una aplicación clara, proporcionada y coordinada.

## La importancia de escuchar al sector productivo

Desde AVVAPRO consideramos que una regulación eficaz necesita conocer la realidad de las actividades a las que afecta.

El alojamiento turístico profesional forma parte del tejido empresarial, genera actividad económica y empleo y opera en un entorno donde confluyen competencias y normativas de diferentes administraciones.

Por eso, nos preocupa que se impulsen nuevas medidas de gran alcance sin que haya existido un diálogo previo suficiente con las organizaciones representativas del sector para analizar su diseño y sus consecuencias prácticas.

No cuestionamos la capacidad de las administraciones para regular ni la necesidad de adoptar medidas que faciliten el acceso a la vivienda. Lo que defendemos es que las decisiones deben apoyarse en datos, evaluar su impacto real y contar con la participación de quienes conocen diariamente el funcionamiento de la actividad.

## Seguridad jurídica y colaboración público-privada

La regulación de las viviendas turísticas exige especial atención a la seguridad jurídica. La experiencia con la normativa relacionada con la Ventanilla Única Digital evidencia la importancia de que las disposiciones técnicas estén bien fundamentadas, coordinadas y sean aplicables en la práctica.

La colaboración público-privada no debe entenderse como un trámite, sino como una herramienta para anticipar problemas, mejorar la calidad de las normas y facilitar su cumplimiento.

En un ámbito donde intervienen la legislación fiscal, turística, urbanística y de vivienda, la coordinación y la claridad normativa resultan esenciales tanto para las empresas como para las administraciones y los ciudadanos.

## Afrontar el problema estructural: la falta de oferta

El acceso a la vivienda es un problema complejo que no puede resolverse desde una única perspectiva.

Desde AVVAPRO defendemos que las políticas públicas deben prestar una atención prioritaria a la insuficiencia de oferta residencial y evaluar de forma objetiva qué factores inciden en cada mercado local.

La adopción de nuevas cargas fiscales y administrativas debe ir acompañada de una justificación suficiente de su relación con el problema que pretende resolver, así como de una evaluación de sus posibles efectos sobre la actividad económica y la disponibilidad de alojamiento.

## La voz del sector en el debate nacional

La intervención de Fermín Criado en los informativos de Cuatro constituye una oportunidad para trasladar al debate público la perspectiva de las empresas y profesionales que desarrollan su actividad en el alojamiento turístico.

Desde AVVAPRO seguiremos defendiendo un modelo profesional y responsable, compatible con el derecho a la vivienda, la convivencia y el desarrollo económico de nuestros destinos.